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Cómo fomentar la innovación tecnológica
Al revisar la Agenda de Lisboa, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se han comprometido a impulsar la innovación tecnológica con el fin de aumentar el potencial de crecimiento económico y creación de empleo, de mejorar la competitividad internacional de las empresas y de acortar distancias frente a Estados Unidos. Como condición indispensable, los mandatarios promulgan el aumento de la dotación de recursos (públicos y privados) a actividades de investigación, desarrollo e innovación. Está previsto incrementarla hasta un 3 por ciento del PIB comunitario en 2010. Actualmente, la media de la UE-15 está en el 1,9 por ciento, y en España en el 0,9. El esfuerzo requerido para avanzar en este campo es, por consiguiente, enorme en casi todos los países miembros. Sólo Suecia (4,3 por ciento) y Finlandia (3,5) tienen los deberes ya hechos.
Por loable que sea este objetivo, conviene que los gobiernos no pierdan el norte. El problema básico es el de la información. ¿Cuáles son las actividades prometedoras de futuro? ¿Qué medidas de fomento son las más adecuadas? ¿Cómo dosificarlas? Las autoridades responsables no pueden manejar adecuadamente este problema, porque no están dotadas de una sabiduría sobrehumana. El Estado solamente dispone de información fidedigna si de su propia demanda de productos de alta tecnología se trata y el coste no cuenta (por ejemplo, en defensa militar y en la aeronáutica). Por lo demás, el futuro siempre es incierto y el proceso económico y tecnológico está en constante evolución. En consonancia con la teoría del gran economista austriaco Friedrich von Hayek, premio Nobel de Economía de 1974, podríamos decir que la administración pública pecaría de «arrogancia científica» si pretendiera diseñar detalladamente el futuro tecnológico.
Si, no obstante, admitimos que los gobiernos tomen parte activa en los avances tecnológicos generados por las empresas, hay que ser muy escrupuloso en el momento de discutir qué es lo que el Estado puede hacer y qué es lo que debe dejar de hacer. Los criterios indispensables son: la eficiencia en la asignación de los factores productivos, la eficacia en cuanto al logro de los objetivos establecidos y la capacidad financiera en los presupuestos del Estado. Entre otras cosas, es conveniente darle prioridad a un apoyo público que sea «indirecto», es decir, orientado hacia la actividad empresarial en I+D+i en general, sobre uno que es «directo» y está vinculado a proyectos de innovación concretos.
Los políticos son propensos a la promoción directa. Pero este método adolece del grave problema de la información. Además, suele estar sesgado a favor de las grandes empresas, y se hace normalmente sobre criterios técnicos, no económicos, con la consecuencia de que los ingenieros y técnicos pueden olvidarse de los costes. Entonces el Estado tiene que aportar más dinero de los contribuyentes de lo que estaba previsto, máxime cuando proyectos fallidos (que son muchos, como demuestra la experiencia) no se abandonan enseguida por consideraciones de prestigio político. No nos llamemos a engaño: las actividades tecnológicas punteras no van a nacer simplemente porque los políticos lo invoquen.
La promoción indirecta, por el contrario, otorga a la empresa innovadora una ayuda financiera general (por ejemplo, en forma de desgravaciones fiscales, amortizaciones aceleradas, subsidios parciales a la contratación del personal investigador) sin inmiscuirse en la actividad de I+D+i como tal. La ventaja de este enfoque es que son la iniciativa y la responsabilidad empresarial las que deciden sobre las pautas innovadoras a emprender. El Gobierno no pretende influir ni en la orientación de la actividad investigadora ni en la cadena de valor de un proceso innovador determinado. Queda a cargo de cada empresa el decidir en qué medida quiere desarrollar sola un nuevo producto, o nutrirse también de fuentes exteriores (licencias), o cooperar con otras compañías investigadoras (alianzas estratégicas en la fase precompetitiva) y con universidades (intercambio de conocimientos). Así, el coste presupuestario para el Estado puede mantenerse en una magnitud razonable. La competencia entre las empresas dedicadas a I+D+i funciona como un «proceso de descubrimiento» en el sentido hayekiano, lo que resuelve el problema de la información, pone en marcha un «proceso de destrucción productiva», como diría Schumpeter —lo cual acelera la creación, difusión y aplicación de nuevos conocimientos tecnológicos en la economía— y hace que la actividad innovadora de las empresas sea «continua», como reclama Baumol, y no sólo esporádica.
La política de apoyo a la innovación tecnológica debe ir acompañada de una política educativa que eleve de forma sostenida el nivel formativo de los ciudadanos. La buena calidad del capital humano es, como explica la nueva teoría del crecimiento endógeno, la clave para que las economías avanzadas aumenten su potencial de producción. El capital humano contribuye esencialmente a sentar unas bases sólidas para encarrilar las actividades en I+D+i, propiciar el progreso tecnológico y permitir mejoras duraderas de la productividad laboral junto con un nivel alto de empleo. Diversos países de la Unión Europea, España incluida, no han hecho todo el esfuerzo necesario para la formación adecuada de capital humano, como han revelado los diferentes estudios PISA de la OCDE. Por lo tanto, la reforma estructural del sistema educativo (desde la enseñanza escolar hasta las universidades, incluyendo el aprendizaje y la formación profesional permanente) ha de emprenderse con determinación y esmero, no sólo por la importancia del capital humano en el proceso de innovación, sino también porque los propios avances tecnológicos someten al sistema productivo a continuos cambios y plantean nuevas necesidades de cualificación profesional de las personas. Cuanto mejor preparada esté la población, sobre todo los jóvenes, tanto mayores serán su disposición y su habilidad para reciclar sus conocimientos y adaptarlos a esas nuevas necesidades.
Por JUERGEN B. DONGES DIRECTOR DEL INSTITUTO DE POLÍTICA ECONÓMICA DE COLONIA
Fuente: ABC